La NOM-046 y su importancia para los Derechos reproductivos de las mujeres

Yolanda Reséndiz    | Activista Ddeser Querétaro.-

La violencia sexual atenta contra los derechos y la dignidad de las mujeres y niñas, debido a la gravedad y las repercusiones físicas, emocionales y sociales que tiene como consecuencia; por lo tanto, es considerada un problema de salud pública según la Organización Mundial de la Salud.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señala que en México ocurren al año 600 mil delitos sexuales, cada día se realizan 1640 denuncias de delitos de violencia sexual, pero se puede inferir que la cantidad de casos es mucho mayor, ya que el 91% de las víctimas no denuncian. De las denuncias realizadas, 9 de cada 10 víctimas son mujeres, 7 de cada 10 son menores de 30 años y entre el 60 y 70% de las violaciones ocurren dentro del hogar o por hombres cercanos a las víctimas. Para muchas mujeres la decisión de denunciar un delito sexual no es fácil, está condicionada por diferentes factores: el temor de enfrentarse a la estigmatización social y recibir malos tratos por parte de autoridades no sensibilizadas y sin perspectiva de género que dudan de su declaración o las culpan; es decir, es una realidad que en muchas ocasiones el personal que debería brindar una atención digna y de calidad, revictimiza a las mujeres llevando a cabo malas prácticas, acciones u omisiones que generan discriminación u obstaculizan el que las mujeres puedan ejercer sus derechos y tengan acceso a la justicia. Cuando, a pesar de las dificultades, las víctimas logran interponer una denuncia sólo 10 de cada 1000 agresores son condenados.

Es alarmante la situación de violencia sexual que viven niñas y mujeres adultas en nuestro país, es un problema que repercute de muchas maneras en la vida de éstas, además de lesiones físicas y psicológicas, infecciones de transmisión sexual y estigmatización social, una de las consecuencias más graves es la posibilidad de un embarazo no deseado. Por otra parte, es muy preocupante que, en la mayoría de los casos, este delito queda impune, el Estado falla cuando no hay acceso a la justicia para estas mujeres que, pese a los inconvenientes que podrían enfrentar, confiaron en las instituciones y acudieron a interponer una denuncia.

Ante este contexto, en el abril del 2009, el gobierno mexicano pone en marcha la Norma Oficial Mexicana-046-SSA2-2005 (NOM-046) como parte de las medidas que tuvo que implementar para la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, entre ellas la violencia sexual; esta Norma contiene los criterios para que las instituciones encargadas garanticen la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

Desde su publicación en abril del 2009 hasta marzo del 2016, la NOM-046 establecía que las mujeres podían acceder a la interrupción de un embarazo producto de una violación sólo si el Ministerio Público o un Juez lo autorizaban. En marzo del año pasado, se realizó una importantísima actualización a esta Norma, en la que se elimina el requisito de la autorización para acceder a un aborto por violación. Las mujeres mayores de 12 años pueden acudir a las instituciones públicas de salud y solicitar la interrupción del embarazo por escrito donde, bajo protesta de decir la verdad, indiquen que ese embarazo es producto de una violación; en caso de mujeres menores de 12 años la solicitud debe hacerla el padre, la madre o su tutor/a. Las instituciones de salud están obligadas a realizar el procedimiento aún cuando la mujer que lo solicite no haya interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público.

La NOM-046 se encuentra vigente en todo el país, en todos los estados, las mujeres que así lo decidan, tienen acceso a un aborto legal por violación y las instituciones públicas de salud deben realizar la interrupción o se harán acreedoras a sanciones.

Lo anterior es muy importante para quienes trabajamos el tema de los Derechos Reproductivos de las mujeres en Querétaro. En nuestro estado también existe un elevado índice de violencia sexual contra mujeres y niñas; a inicios de este año, José Antonio Ortega, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, manifestó que del 2015 a enero del 2017 se tenían registrados 166 casos de violación sólo en la capital del estado; por otro lado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Servicio Nacional de Seguridad Pública, el estado de Querétaro, en 2016, ocupaba el octavo lugar a nivel nacional en número de violaciones, señalando que tan sólo en 2015 se denunciaron 323 casos; sin embargo, considerando que el 91% de los delitos sexuales no se denuncian se puede suponer que estas cifras son mucho mayores. A pesar de esto, las autoridades queretanas no muestran interés en legislar para que las mujeres tengan acceso a sus derechos cuando son víctimas de delitos sexuales, ya que no existe un protocolo que indique la ruta a seguir para que quienes vivieron violencia sexual tengan la posibilidad de decidir interrumpir un embarazo producto de una violación; es decir, al igual que en otros estados del país, a pesar de las leyes vigentes, no se tiene claridad sobre el proceso que pasan las mujeres cuando acuden a denunciar en las instituciones públicas queretanas, las autoridades encargadas de atenderlas, en muchos casos, no tienen la capacitación y sensibilización que se requiere ante esta realidad, en lugar de recibir atención médica y psicológica de manera inmediata, digna y con perspectiva de género, e información sobre su derecho a abortar si hubo como consecuencia un embarazo no deseado, muchas mujeres llegan ser tratadas de manera denigrante y revictimizante, viéndose obstaculizado el acceso a la justicia para ellas.

Además, es increíble que, a pesar de la cantidad de casos denunciados, se tenga registro de que las autoridades encargadas no han emitido ni una sola autorización de acceso al aborto por violación entre 2007 y 2013, habría que preguntarse si es porque ninguna mujer ha quedado embarazada como producto de una violación, si ninguna lo ha solicitado o si es porque a las mujeres no se les informa que tienen ese derecho. Puede ser que las mujeres busquen otras opciones para resolverlo como acudir a alguna de las clínicas en la Ciudad de México; interrumpirlo ya sea de forma segura pero costosa, o insegura y poniendo en riesgo su salud, su vida o su libertad; probablemente muchas no tengan otra opción más que continuarlo, viéndose forzadas a ser madres.

Por lo anterior, la actualización de la NOM-046 es un gran paso para que se respete el Derecho a Decidir de las mujeres y que éste no dependa de lo que las autoridades determinen, aunque todavía hay mucho por hacer, lo principal y urgente es que las mujeres en nuestro estado sepan que el aborto es legal cuando el embarazo es por violación y que sólo necesitan hacer la solicitud a las instituciones públicas de salud para que les brinden la atención. Las personas que integramos la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Querétaro estamos trabajando para que la mayor cantidad de mujeres queretanas cuenten con esta información. Ω

Web: http://www.ddeser.info/

Fb: /ddeserqro y /DdeserJovenesQro

Tw: @DdeserQro

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *