Compra de gasolina como actividad tributaria

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El precio por el combustible es 60% pagar el costo de producción y 40% el impuesto

Enrique Kato | Economista, UAQ.-

Una publicidad gubernamental canadiense cita a Oliver W. Holmes para explicar que “Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada”. Todas las personas nos beneficiamos de los bienes y servicios públicos y éstos deben encontrar el financiamiento necesario para obtenerlos. El presupuesto del gobierno permite mantener el sistema educativo y de salud, mantener y ampliar las vías de transporte, proveer normas para el control de los alimentos, impartir justicia y proporcionar seguridad a la población.

El economista Angus Deaton afirma que el elevado nivel de vida que se tiene en la mayor parte del mundo se ha logrado a través de la existencia de los gobiernos que han conseguido la reducción de la mortalidad infantil, la expansión del agua potable, sistemas de drenaje, investigación en el área de la salud y actualmente atención médica en adultos mayores. Lo anterior ha significado que se duplique la esperanza de vida en unas pocas generaciones hasta convertir en realidad, para muchos, la celebración del cumpleaños 90, 95 o 100.

Se esperaría que toda la población contribuyera con sus impuestos para el beneficio común. Los escándalos de corrupción, la evasión fiscal en paraísos fiscales, el dinero mal habido y muchas otras razones persuaden a los contribuyentes de destinar sus ingresos a la hacienda pública. Los no contribuyentes se convierten en esa figura de free rider que los economistas usan para nombrar a los polizones, que son aquellos que se benefician de los esfuerzos de los demás, pero sin incurrir en ningún costo. Un pago de impuestos generalizado, aunado a un ejercicio pulcro del dinero público, nos proporcionaría un muy deseable entorno de bienestar.

Podemos recurrir a los estudios sobre el comportamiento para explicar el por qué nos resistimos a pagar impuestos cuando otros no lo hacen.

Se sabe que la conducta de la mayoría suele imponerse en los individuos que conforman los colectivos. Los experimentos de Dan Ariely demuestran que mentir un poco cuando todos los demás lo hacen se convierte en algún tipo de epidemia que termina enfermando a todo el sistema social. Esta tendencia es reversible si así se propusiera; de ninguna manera se trata de un componente genético imposible de extirpar. Una segunda perspectiva sobre la conducta social ocurre en relación a la percepción de justicia y la distribución equitativa del dinero. Para los académicos que han puesto a prueba el juego del ultimátum han descubierto que las personas no nos conformamos únicamente con el beneficio individual sino que también podemos protestar tomando decisiones aún en nuestro perjuicio. En el juego del ultimátum se observa que los participantes suelen renunciar a su pago para protestar por una inequitativa distribución de las ganancias.

Para los funcionarios de gobierno el reto es recaudar impuestos para financiar el presupuesto público creando los incentivos para que todos los contribuyentes aporten en la medida correcta. Los sistemas fiscales recolectan el dinero de la población mediante dos vías. La primera vía es al momento de hacer las compras. Cualquier persona que está comprando un producto como leche o pañales está pagando el costo de la producción, pero también el impuesto al valor agregado (IVA). Los impuestos como el IVA son impuestos al consumo que no están relacionados ni a la clase social, ni al tipo de empleo que uno tenga. Debido a que impuestos como el IVA los paga por igual cada uno de los contribuyentes su consecuencia es una mayor afectación a la población de menores ingresos; a esto se le llama sistema fiscal regresivo.

Para lograr un sistema de recaudación fiscal (progresivo) donde se otorgue un trato justo a las familias, atendiendo a sus condiciones socioeconómicas, se debe privilegiar el cobro de impuestos sobre el ingreso o renta (ISR). Para el economista francés Thomas Piketty, que se popularizó en 2013 por sus estudios sobre la desigualdad, es claro que los gobiernos que promueven el cobro de impuesto a los ingresos están construyendo sociedades más equitativas, que premian los esfuerzos individuales y que estimulan acciones colectivas a favor de los derechos sociales, en vez de intereses particulares.

Si usted tiene un automóvil, la compra de la gasolina es una actividad tributaria. El precio por el combustible es 60% pagar el costo de producción y 40% el impuesto, es decir, lo que permite financiar el presupuesto del gobierno. Específicamente, el porcentaje de impuesto es 38% para la gasolina Premium y 45% para la Magna. La tasa impositiva es elevada porque el precio incluye tanto el impuesto al valor agregado (IVA) como un impuesto especial (IEPS). Usualmente se recomienda no aplicar impuestos tan elevados; este precepto es el usado para defender el libre comercio internacional, la desregulación y el cobro de impuestos bajos a las ganancias empresariales. Por alguna razón -que desconozco- el precio de la gasolina ha sido un instrumento recaudatorio con una tasa alta de impuesto y además con incrementos al precio desde la década de 1970. En contraste, el período previo, conocido como el desarrollo estabilizador mexicano (1959-1970), es un hito al haber mantenido sin cambio el precio de la gasolina durante dos sexenios.

Para muchos en mi generación el hablar de la gasolina es conversar sobre la fecha en que el precio subirá, cuántos centavos por litro o el impacto sobre la inflación nacional.

Parecería que la estrategia de incrementos mensuales ha sido efectiva para diluir la atención política y el debate. Durante el sexenio anterior, entre 2006 y 2012, incrementó 60% el precio de la gasolina. Se trata de una época vertiginosa tomando en cuenta que el salario mínimo registró un aumento de 28% y la inflación oficial (el costo de vida) reportó una tasa acumulada de 28.5%, aproximadamente un encarecimiento de 5% anual. En otros sexenios, antes y después, el precio de la gasolina se incrementa generalmente a una tasa similar a la inflación oficial.

Un caso reciente ayuda a ilustrar el impacto de los gasolinazos sobre el costo de vida. Partimos del hecho de que el precio de la gasolina afecta a todas las finanzas familiares, lo mismo si se tiene un automóvil o no. Porque un mayor precio del combustible deja menos dinero disponible para otros gastos, pero además porque las mercancías se transportan por carretera, por lo que el encarecimiento de los combustibles repercute en un incremento generalizado de los precios de las mercancías de consumo. El estudio al que me referiré lo publicó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece México, 2015).

Se analizó el precio del autotransporte de carga durante el período de 2008 a 2010. Se encontró que los transportistas transferían “directamente a sus clientes los aumentos en el precio del combustible”. A este acuerdo se le denominó CPAC -Cargo Por Ajuste de Combustible-. Para la autoridad investigadora el acuerdo representó una práctica de tipo monopolio porque “así se evitaba que los transportistas en lo individual… pudieran decidir si absorbían (o no) parte o la totalidad de este aumento en el precio del diésel, como sucede en condiciones de competencia”. Durante la vigencia del CPAC, los precios aumentaron a una tasa de 7.25% anual. El análisis ex post de Cofece estimó que la inflación debió promediar 4% si el acuerdo no hubiera existido. En el documento se explica que el: “aumento artificial en los precios de los servicios de autotransporte de carga… repercute de manera importante en los costos de producción de todas las industrias, ya que a través de éste se mueven todas las mercancías hacia las diferentes regiones del país”.

El funcionamiento normal de la economía ocurre cuando el aumento de los costos de producción lo termina pagando total o parcialmente el consumidor a través de precios más altos. En México, el vínculo de mayores costos y más inflación se rompió desde hace tres años (2013-2016). Los datos oficiales reportan costos crecientes (5.4%) y precios que aumentan lentamente (2.6% anual). Esta anormalidad significa que el encarecimiento de la producción se absorbe con menores salarios, o con menores ganancias, o quizá con productos más pequeños o de menor calidad. En cualquier caso, se esperaría que en el futuro cercano haya un repunte en la inflación que permita a las empresas reabsorber los incrementos de los costos tanto de los combustibles, como de las materias primas importadas, las cuales han tenido incrementos de precios de 40% a causa de la elevada depreciación del peso frente al dólar.

El mes de enero de 2016 fue inédito porque nunca en la historia reciente el precio de la gasolina había disminuido. La ilusión duró poco, al paso de los meses el decremento se revirtió y en agosto de 2016 el combustible es 3% más caro, respecto al mismo mes del año pasado. La lista de pendientes puede que sea larga, sin embargo, a la mayoría no nos importaría la política de precios si los ajustes al salario fueran tan activos como los incrementos a la gasolina. Ω

enriquekato@uaq.mx, Google.com/+EnriqueKato

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